Según los datos de varias organizaciones de Derechos Humanos que trabajan en Colombia, un 30% de diputados y de senadores tienen vínculos con los grupos paramilitares. Gran parte de ellos pertenecen al Partido de la U, al que pertenece el Presidente Álvaro Uribe, y el resto a otros partidos derechistas como el Partido Liberal y el nuevo Partido de Integración Nacional, partido dirigido desde la cárcel por varios paramilitares presos. Incluso al propio Uribe en persona se le ha acusado directamente de varias matanzas de campesinos cometidas por los paramilitares.
Normalmente cuando se habla de la violencia política en Colombia se suele focalizar en la guerrilla, principalmente de las FARC, pero como recientemente ha apuntado la politóloga colombiana Claudia López, "los hechos demuestran que si las FARC desaparecieran hoy, la cifras de violencia permanecerían prácticamente iguales". A pesar de ello, todos los esfuerzos de Uribe están dirigidos a acabar con esta guerrilla y para ello está auspiciando el auge de grupos paramilitares que campan a sus anchas por territorio colombiano.
Normalmente cuando se habla de la violencia política en Colombia se suele focalizar en la guerrilla, principalmente de las FARC, pero como recientemente ha apuntado la politóloga colombiana Claudia López, "los hechos demuestran que si las FARC desaparecieran hoy, la cifras de violencia permanecerían prácticamente iguales". A pesar de ello, todos los esfuerzos de Uribe están dirigidos a acabar con esta guerrilla y para ello está auspiciando el auge de grupos paramilitares que campan a sus anchas por territorio colombiano.
Varias ONG´s y la propia Defensora del Pueblo afirman que existen, al menos, 82 bandas que actúan en más de 270 municipios y que cuentan con más de 10.000 hombres armados. La violencia de estos grupos paramilitares es brutal, no es necesario más que hacer un recuento de sus crímenes: varios ex-paramilitares han reconocido haber asesinado a más de 30.000 personas en las dos últimas décadas. En los últimos tiempos han proliferado con más violencia aún, ya que sienten el respaldo del Ejército y del Gobierno, realizando matanzas de líderes sindicales, campesinos, etc. Valgan varios ejemplos que muestran no sólo la virulencia de estos grupos sino también su sadismo:
-En el poblado de El Salado (departamento de Bolívar), un grupo de 450 paramilitares asesinaron a 350 personas, mutilándoles vivos. Todas las mujeres fueron violadas. A una de ellas, Neivis Arrieta, la desnucaron y la empalaron metiéndole un palo por la vagina, según testimonios de los supervivientes. Horas antes de la llegada de los paramilitares, el Ejército y la Policía habían abandonado el municipio y cortaron los caminos, evitando la entrada de ayuda humanitaria.
-En el Chengue, 1oo paramilitares mataron a mazazos a 27 personas. La Fiscal que investigaba el caso fue asesinada, al igual que otros tres investigadores judiciales.
-En Puerto Bello (departamento de Santander), en enero, 60 paramilitares secuestraron a 43 hombres. Aún no han aparecido. En esta misma región la Fiscalía investiga la desaparición de 600 personas. Ya han encontrado 69 cuerpos, según las autópsias fueron descuartizados antes de morir.
-En Tumaco (departamento de Nariño) sólo en 2009 110 personas han sido asesinadas por grupos paramilitares.
Los paramilitares se han especializado en el asesinato de campesinos, y para más inri, reciben recompensas del Gobierno, ya que los presentan como miembros de las FARC (lo que se conocen como "falsos positivos": se asesina a cualquier lider sindical o campesino y se pide recompensa al Gobierno alegando "lazos con la guerrilla"). Por otro lado, los paramilitares perciben dinero de grandes multinacionales con el fin de que logren que grupos indígenas abandonen zonas selváticas de gran valor para la explotación de materias primas (farmaceúticas, alimentarias y energéticas), para lo cual asesinan a los líderes indígenas que ofrecen resistencia y presionan a través de matanzas y violaciones.
En Colombia se estima que existen unos tres millones y medio de desplazados por miedo a los paramilitares, sobre todo de zonas rurales. El Gobierno de Uribe no sólo mira hacia otro lado, sino que, como se ha podido constatar, existen vínculos muy fuertes entre el Parlamento y los paramilitares.
Pero parece que desde Venezuela, la oposición a Chávez también tiene vínculos con los "paras". Hace unos meses, el paramilitar y sicario Geovanny Velasquez Zambrano, afirmó que Manuel Rosales, político y empresario opositor al Presidente Chávez y partícipe del Golpe de Estado de 2002 contra el gobierno bolivariano, le había ofrecido 25 millones de dólares por asesinar al Presidente venezolano. El plan fue abortado por la policía venezolana, deteniendo a casi 100 paramilitares colombianos que se ocultaban en una finca a las afueras de Caracas. El periódico estadounidense "El Nuevo Herald" (nada sospechoso de "chavista") publicó en 2003 una entrevista con un ex alto funcionario del Departamento de Seguridad colombiano (Rafael García), en la que éste afirmaba que altos cargos colombianos se habían reunido con paramilitares con el fin de acabar físicamente con Hugo Chávez y desestabilizar políticamente a Venezuela.
Mientras tanto, Colombia sigue siendo uno de los países más violentos del mundo, donde hay más activistas sociales y periodistas detenidos o asesinados. El Gobierno de Uribe no puede solucionarlo. Sobre todo porque es el principal culpable.
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